Policy Research Brief, Volumen 30, número 1

Tema de investigación

En el sistema penal, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo están sobrerrepresentadas. Si bien es cierto que menos del 1% (0.79%) de la población adulta de EE.UU. tiene IDD, entre el 2% y el 10% de las personas que se encuentran en cárceles, prisiones o a la espera de juicio tienen IDD.

A lo largo de los últimos 50 años, unas 175,000 personas abandonaron las grandes instituciones estatales y se trasladaron a hogares en sus comunidades. Cada vez más, muchas de estas personas se mueven entre las instituciones y el sistema jurídico penal. En 2019, el 17% de las personas que salieron se mudaron a una cárcel, prisión u otro centro correccional. El 29% de las personas que se mudaron a grandes instituciones administradas por el estado provenían de instituciones correccionales.

Antecedentes del estudio

El Proyecto de Sistemas de Información Residencial (Residential Information Systems Project) de la Universidad de Minnesota ha rastreado los arreglos de vivienda para personas con IDD que obtienen Medicaid o apoyos y servicios a largo plazo financiados por el estado desde 1977. La encuesta anual de RISP de las agencias estatales de IDD pregunta sobre los tipos y tamaños de los lugares donde viven las personas con IDD que reciben apoyos. RISP también pregunta acerca de las personas admitidas o dadas de alta de las grandes instituciones estatales. Este resumen de investigación de políticas describe los servicios al 30 de junio de 2019.

Recomendaciones políticas

Puesto que tantas personas se mueven entre las grandes instituciones estatales y el sistema jurídico penal, proponemos las siguientes políticas:

• Aumentar el sistema de servicios domiciliarios y comunitarios de Medicaid. Con esto se crearían más oportunidades para que las personas con IDD prosperen en sus comunidades. Esto requiere mayores tasas de reembolso de Medicaid para garantizar que las personas elegibles puedan encontrar trabajadores que presten los servicios necesarios.
• Estabilizar la mano de obra de apoyo directo. Crear una Clasificación Ocupacional Estándar para los trabajadores de apoyo directo para mejorar su estatus y reconocimiento.
• Comprender y luchar contra la exclusión social y la discriminación de las personas negras, indígenas y de color con discapacidad intelectual (BIPOC). Los BIPOC están sobrerrepresentados en el sistema jurídico penal debido al racismo sistémico. Es necesario investigar más sobre los BIPOC con IDD en el sistema jurídico penal.
• Aumentar la capacitación y las alternativas de las fuerzas del orden para apoyar mejor a las personas con IDD en crisis. La educación y los recursos para la policía pueden disminuir el número de personas con IDD en el sistema jurídico penal. El empleo de equipos de intervención en crisis junto con la policía o en lugar de ella también puede dar lugar a mejores resultados, especialmente para las personas con IDD.
• Apoyar iniciativas de formación en autodefensa. Aprender sobre sus derechos, cómo hablar con la policía y cómo defenderse a sí mismos y a los demás puede ayudar a las personas con IDD a tener interacciones más seguras con el sistema jurídico penal.
• Mejorar la detección de IDD en las cárceles. Muchas personas en la cárcel padecen IDD sin diagnosticar, por lo que no reciben los apoyos adecuados. Mejorar la detección ayudaría a más personas a salir de la cárcel para recibir servicios domiciliarios y comunitarios.
• Formar a los abogados en el apoyo a las personas con IDD. Los abogados tienen que entender el sistema de servicios para discapacitados y cómo comunicarse con las personas con IDD para representarlas eficazmente en el sistema jurídico penal.

Hallazgos clave

Durante el año 2019, una de cada tres personas (29%, 268 personas) que se trasladaron a grandes instituciones administradas por el estado salieron de instituciones correccionales.

El gráfico de barras muestra la proporción de personas ingresadas en instituciones gestionadas por el Estado en 2019 según el lugar desde el que se trasladaron. El 5% se trasladó desde sus propios hogares u hogares de acogida o familia de acogida. El 16% se trasladó desde hogares de grupo de uno a seis residentes. El 5% se trasladó desde hogares de grupo de siete a 15 residentes. El 5% se trasladó desde centros IDD estatales o no estatales de 16 o más residentes. El 8% se trasladó desde residencias de ancianos, residencias asistidas o pensiones. El 14% se trasladó desde centros de salud mental. El 18% se trasladó desde casas de padres u otros familiares. El 29% salía de centros penitenciarios.

Entre las personas que abandonaron las grandes instituciones estatales en 2019, 94 personas (17%) se cambiaron a un centro correccional.

El gráfico de barras muestra la proporción de personas que fueron dadas de alta de grandes instituciones administradas por el Estado en 2019 según el lugar al que se trasladaron. El 8% se trasladó a sus propios hogares o a hogares de acogida o de familias de acogida. El 40% se trasladó a hogares grupales de uno a seis residentes. El 3% se trasladó a hogares de grupo de siete a 15 residentes. El 7% se trasladó a centros IDD estatales o no estatales de 16 o más residentes. El 8% se trasladó a residencias de ancianos, residencias asistidas o pensiones. El 9% se trasladó a centros de salud mental. El 8% se trasladó a casa de sus padres u otros familiares. El 17% se trasladó a centros penitenciarios.

El porcentaje de personas con IDD que se trasladan entre grandes instituciones estatales y el sistema legal penal aumentó entre 1985 y 2019.

El gráfico de líneas muestra la proporción de personas que fueron admitidas en grandes instituciones estatales desde instituciones correccionales con una línea punteada verde, y el número de personas dadas de alta desde grandes instituciones estatales a instituciones correccionales con una línea sólida azul oscuro. La proporción de personas con IDD que se trasladaron a grandes instituciones estatales desde instituciones correccionales fue del 2% en 1985, 3% en 1989, 4% en 1994, 10% en 1998, 13% en 2002, 8% en 2008, 13% en 2012, 22% en 2018 y 29% en 2019. La proporción de personas con IDD que se trasladaron de grandes instituciones estatales a instituciones correccionales fue del 0% en 1985, 1% en 1989, 0% en 1994 y 1998. 3% en 2002, 2% en 2008, 1% en 2012, 9% en 2018 y 17% en 2019.