Descripción general

Edición: Sexualidad e identidad de género para personas con discapacidades intelectuales, del desarrollo y de otro tipo.

Derecho y Política:
retos actuales para el desarrollo de la sexualidad y la identidad de género

Autor

Quinn Oteman es asistente de investigación graduada en el Instituto de Integración Comunitaria y estudiante de doctorado en Trabajo Social en la Universidad de Minnesota en Minneapolis. otema001@umn.edu

Las personas con discapacidades enfrentan amenazas a su autodeterminación e identidad como seres sexuales. Solo tres estados exigen específicamente que los estudiantes con discapacidades reciban educación sexual en las escuelas y un estudio reciente mostró que 36 estados los excluyen de los requisitos de educación sexual o no proporcionan materiales didácticos accesibles de educación sexual. En la actualidad, varios estados están dificultando que las personas reciban asistencia médica que apoye su identidad de género. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirma que hay 491 proyectos de ley anti-LGBTQ+ en todo el país. Los estudiantes con discapacidades muchas veces son maltratados en la escuela debido a su discapacidad o a su sexualidad o identidad de género, o a las tres cosas a la vez. A partir del año 2022, estados como Oregón y Washington empezaron a exigir programas de educación sexual accesibles e inclusivos para los jóvenes con discapacidades. Varios estados, entre ellos Minnesota, están estudiando otras ideas para una educación sexual de calidad. La comunidad de personas con discapacidades y la comunidad en general deben unirse para apoyar estas ideas. Tenemos que alzar la voz para asegurarnos de que las personas con discapacidades reciben la atención médica y otras ayudas que necesitan para vivir lo mejor posible, y eso incluye su vida sexual y su identidad de género.

Una pareja de lesbianas con vestidos de novia y velos está rodeada de sus amigas. Están afuera, frente a un escenario con globos rosas.

En septiembre, el Fondo de Educación y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebró una ceremonia de compromiso masiva para parejas y aliados para pedir legislación que ponga fin a la pena de matrimonio que hace que algunas personas con discapacidades pierdan sus beneficios del Seguro Social cuando se casan. Fotografía cortesía de DREDF.

Enredadas en una dicotomía entre las peticiones de una mejor educación sexual y la reacción legislativa en Estados Unidos contra ella, las personas con discapacidades se enfrentan hoy a importantes retos para su autodeterminación e identidad como seres sexuales.

Solo tres estados exigen explícitamente que se imparta educación sexual a los alumnos con discapacidades, y cinco ordenan una educación médica accesible, según un estudio reciente de SIECUS: Sex Ed for Social Change (Educación sexual para el cambio social), una organización de defensa sin ánimo de lucro. (https://bit.ly/3QdUBWr). El informe, basado en datos del año 2021, señalaba que 36 estados excluyen a los jóvenes con discapacidades de los requisitos de educación sexual o no ofrecen planes de estudios accesibles.

Mientras tanto, los estados imponen cada vez más restricciones no solo a la educación sexual de todos los alumnos, sino también a la atención médica en materia de género y a otros derechos. En un informe de mitad de año de 2023 (bit.ly/3t8QFNB), SIECUS descubrió que casi dos tercios de los 749 proyectos legislativos relacionados con la educación sexual, los derechos LGBTQ+, el acceso a la atención médica reproductiva y de afirmación de género, y otros temas similares proponían restringir los derechos, un aumento del 24 % respecto a los niveles del año anterior. En otro informe, la Unión Americana de Libertades Civiles identificó 491 proyectos de ley anti-LGBTQ+ en todo el país. A principios de este año, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá emitió un aviso de viaje a sus ciudadanos en el que advertía de las restricciones estadounidenses.

Según el informe SIECUS 2021, 32 estados utilizan programas de abstinencia hasta el matrimonio (AOUM, por sus siglas en inglés) a la hora de enseñar las infecciones de transmisión sexual (ITS), lo que limita la cantidad de información que un educador puede dar sobre anticoncepción. Además, el 40 % de los estados no exigen que la educación sexual esté basada en evidencia o sea culturalmente apropiada (https://bit.ly/3QdUBWr).

Más allá de las leyes y la política educativa, los alumnos con discapacidades suelen enfrentarse a un clima hostil en la escuela, ya sea debido a su discapacidad o a su sexualidad/identidad de género, o a ambas, como señala la Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN, por sus siglas en inglés). En su Encuesta Nacional sobre el Clima Escolar de 2021, casi tres cuartas partes (72.6 %) de los estudiantes escucharon comentarios negativos sobre la capacidad/discapacidad de los estudiantes de forma habitual y la mayoría de los estudiantes LGBTQ+ (75.7 %) escucharon comentarios sexistas de forma habitual (https://bit.ly/45o4wND).

Estas luchas tienen sus raíces en una larga historia de opresión que incluye la esterilización forzada, la eugenesia y la percepción social de que las personas con discapacidades, en particular las que padecen discapacidades intelectuales y/o del desarrollo (IDD), eran intrínsecamente asexuales o incapaces de amar a alguien románticamente. Incluso hoy, las personas con discapacidades pueden perder beneficios públicos vitales si se casan. Además, la legislación anti-LGBTQ+ debería hacer saltar las alarmas a cualquiera que en el ámbito político apoye la educación sexual para jóvenes con discapacidades, porque el número de jóvenes con discapacidades que se identifican dentro de la comunidad LGBTQ+ es considerable y sus experiencias en la escuela no están mejorando.

Posibles soluciones

Hay que apoyar y ampliar las prometedoras iniciativas para incluir a las personas con discapacidad en la investigación y la formulación de políticas sobre sexualidad e identidad de género, y para hacer más accesible la educación sexual de alta calidad en todo el país, no solo por la salud y la seguridad de las personas con discapacidades, sino por el respeto a sus derechos humanos inherentes.

En un comentario académico publicado en el año 2017 (https://bit.ly/3EVi2xa ) en la revista American Journal of Sexuality Education, investigadores de la Universidad de Nevada argumentaron que recibir una educación sexual integral depende en gran medida del lugar donde viva el estudiante. Algunos estados ofrecen una educación sexual basada en la abstinencia, mientras que otros imparten una educación sexual integral. Un enfoque basado en la abstinencia le enseña al individuo que simplemente debe evitar cualquier forma de sexo. La investigación ha demostrado que esta narrativa ha estado arraigada en la cultura de los Estados Unidos durante siglos y, a pesar de su ineficacia, ha sido el enfoque común para enseñar salud sexual a los jóvenes en la educación K-12 durante muchos años.

La educación sexual integral, por el contrario, emplea un plan de estudios que ayuda a las personas a comprender todos los aspectos de la sexualidad, a desarrollar relaciones positivas, a considerar cómo sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de los demás, y a proteger sus derechos, según el Conjunto de herramientas para la aplicación de la educación sexual integral de la UNESCO (https://bit.ly/3PQTT1c ).

A partir del año 2022, estados como Oregón y Washington han conseguido aplicar políticas que posteriormente se han convertido en leyes, para exigir una educación sexual integral que sea accesible e incluya a los jóvenes con discapacidades. Oregón exige que la educación sexual incluya educación sobre el VIH/ITS e información sobre relaciones saludables; que sea adecuada a la edad, basada en pruebas, culturalmente apropiada y médicamente exacta; y que cubra la anticoncepción. Varios estados, entre ellos Minnesota, están abordando cambios similares, lo que ofrece esperanzas de un futuro más inclusivo (https://bit.ly/3tlXxHt). Los legisladores del estado de Minnesota, por ejemplo, han propuesto un proyecto de ley para identificar uno o más programas de educación sexual integral para alumnos de primaria y secundaria. Iniciativas como estas, aunque prometedoras, necesitarán el apoyo activo de la comunidad de personas con discapacidades y más allá de ella.

Además de la educación formal en las escuelas, en los últimos años se ha creado un importante número de recursos publicados y a la carta que también son prometedores, pero sigue siendo un reto garantizar que puedan llegar a amplios sectores de la comunidad de personas con discapacidades de forma culturalmente adecuada. Las personas no pueden utilizar los recursos si no puede encontrarlos, y la confusa variedad de políticas y legislaciones de los distintos Estados hace muy difícil encontrar fuentes de información fiables y precisas.

Una mirada hacia el futuro

Las personas con discapacidades siguen luchando por ser reconocidas como seres sexuales: en los tribunales, en la consulta del médico, en las políticas y la legislación, en el cine y la televisión, y en sus comunidades.

A medida que conocemos mejor los deseos y las necesidades de las personas con discapacidades en relación con su propia identidad sexual, su sexualidad y sus relaciones, es importante que los investigadores, los responsables políticos, los profesionales y las familias los tengan en cuenta. Debemos desarrollar y exigir cursos que permitan a las personas con todo el espectro de discapacidades, de diversas comunidades culturales y étnicas, explorar las alegrías y responsabilidades de las relaciones y la identidad sexuales. Esta educación debe ser anatómicamente correcta y ajustarse a las normas establecidas por la Iniciativa sobre el Futuro de la Educación Sexual, una asociación entre SIECUS y otras organizaciones (https://bit.ly/3PWUc9s).

Debemos insistir en una atención médica adecuada para que las personas con discapacidades vivan su sexualidad y su identidad de género. Y debemos capacitar a los profesionales de apoyo directo, médicos, profesores, padres y otras personas sobre las formas de apoyar a las personas con discapacidades cuando buscan relaciones íntimas y/o sus propias identidades, componentes críticos para vivir una vida plena y feliz.

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