Edición especial sobre la participación de las comunidades subrepresentadas en la investigación sobre la discapacidad

The Arc of New Jersey es la organización más grande del estado que defiende y atiende a niños y adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés) y sus familias. Formado en 1949 por familias y cuidadores de niños con IDD que anhelaban camaradería, apoyo y el deseo de defender las necesidades de sus familiares, el grupo se reunía en iglesias locales, clubes y salones de eventos. Se dieron cuenta de que sus esfuerzos crearían más cambios si colaboraban, y en 1972, cuando ganaron impulso, formaron el Programa de Defensa Ciudadana para brindar asistencia y capacitación personalizadas. Esto se expandió a medida que las necesidades de la comunidad se hicieron más evidentes. Al darse cuenta de que las personas con IDD frecuentemente se enredaban en el sistema de justicia penal, muchas veces sin darse cuenta, el programa comenzó a brindar capacitación orientada a la aplicación de la ley. Más tarde, este trabajo se convirtió en el Proyecto de Educación de Justicia Penal, un precursor del Programa de Delincuentes con Discapacidades del Desarrollo (DDOP, por sus siglas en inglés). El objetivo de este programa, similar al actual, era facilitar la comprensión entre el personal del sector de la justicia penal de las necesidades, intereses y características específicas de las personas con IDD. Este alcance incluyó a oficiales de libertad condicional y correccionales, así como a jueces, defensores públicos y fiscales. La eficacia y el enfoque único del programa continuaron atrayendo la atención de la comunidad IDD y más allá. A principios de la década de 2000, DDOP cambió su nombre por el de Programa de Defensa de la Justicia Penal (CJAP, por sus siglas en inglés).

Necesidad del programa

Las personas con IDD están significativamente sobrerrepresentadas en el sistema de justicia penal. En un artículo del año 2000, la profesora de la Universidad de Stanford, Joan Petersilia, estimó que las personas con discapacidades del desarrollo comprenden hasta el 10 % de la población carcelaria de Estados Unidos y un porcentaje más alto en las cárceles, a pesar de que representan solo del 2 al 3 % de la población general. En 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un informe que muestra que el 23 % de los presos estatales y federales reportaron una discapacidad cognitiva, el tipo de discapacidad más frecuente. Ese informe , basado en una encuesta de la Oficina de Estadísticas de Justicia de 2016 de los reclusos, informó que alrededor del 27 por ciento de los reclusos blancos, el 22 por ciento de los reclusos hispanos y el 20 por ciento de los reclusos negros reportaron una discapacidad cognitiva.

Varios factores contribuyen a esta sobrerrepresentación. Entre ellos se encuentran la susceptibilidad de las personas con IDD a cometer actos ilegales con sus compañeros sin darse cuenta de las implicaciones o ganar amistad, y la falta de comprensión de que participar en ciertos comportamientos es ilegal. Las personas con IDD, con mayor frecuencia que la población general, también pueden ser victimizadas antes de perpetrar el acto, especialmente en delitos sexuales. Junto con estas preocupaciones, una vez en el sistema, las personas con IDD tienden a enfrentar castigos más severos , como períodos más largos en confinamiento solitario y sentencias más largas, y son más vulnerables a convertirse en víctimas de delitos cometidos por otros reclusos, según The Arc.

Objetivos, evaluación y recopilación de datos

Actualmente, CJAP atiende a 107 clientes en todo el sistema de justicia penal. Hasta octubre, se cerraron 35 casos de clientes en 2022 con resultados positivos, como la desestimación de cargos, acuerdos de culpabilidad, conclusión de libertad condicional o libertad condicional, o eliminación de antecedentes penales. Entre 2016 y 2022, se cerraron casi 200 casos, y aproximadamente el 80 % resultó en resultados positivos. Los cargos más frecuentes son delitos relacionados con el sexo y agresión. Los diagnósticos concurrentes, como IDD y enfermedad mental, están presentes en el 50 % del censo actual, lo que indica claramente la necesidad de servicios de tratamiento integrado. También se observó recientemente un aumento notable en las personas diagnosticadas con trastornos del síndrome alcohólico fetal.

Nueva Jersey es muy diversa étnica, religiosa, racial y culturalmente, y la mayoría de los clientes de CJAP provienen de comunidades históricamente marginadas. Muchos tienen entre 18 y 21 años, a menudo un momento de limbo en el sistema de prestación de servicios a medida que las personas con discapacidad hacen la transición a los servicios para adultos. CJAP está trabajando activamente para lograr una recopilación de datos integral y cohesiva con respecto a las prácticas de equidad e inclusión para servir mejor a las comunidades empobrecidas y desatendidas. El programa ha comenzado a utilizar un nuevo software de gestión de casos para realizar un mejor seguimiento de los datos, incluidas las tasas de comorbilidad, el origen étnico y el nivel socioeconómico, y para evaluar mejor las futuras necesidades de capacitación. La revisión del formulario de admisión y referencia del programa y otra documentación ayudará a obtener información crítica. Se implementarán nuevas prácticas de encuestas, grupos focales y entrevistas en 2023.

Robyn Holt revisa los materiales de admisión de CJAP con un colega.

CJAP es uno de los pocos programas en los Estados Unidos, y el único en Nueva Jersey, que brinda alternativas al encarcelamiento para los acusados cuya discapacidad principal es IDD. El programa trabaja con adultos acusados de delitos procesables, incluidos delitos violentos y amenazas, como homicidio involuntario, asalto agravado, incendio premeditado y amenazas terroristas. El programa también ayuda en casos relacionados con el sexo, incluidos delitos de agresión sexual, lascivia y cibersexo, así como cargos por robo, propiedad y armas. Brindamos servicios y recursos de defensa, educación y administración de casos que cierran las brechas entre las organizaciones sistémicas.

El programa actúa como un centro de intercambio de información sobre las características únicas de los delincuentes con IDD. CJAP también sirve como enlace entre los sistemas de justicia penal y de servicios humanos, y supervisa la calidad de la atención y el servicio brindado a las personas con IDD, a medida que pasan de un sistema a otro. CJAP crea Planes de Justicia Personalizados (PJP), que son documentos que se utilizan para educar e informar a los tribunales y partes asociadas sobre los servicios y las necesidades de apoyo de las personas. El PJP se presenta al sistema judicial como una alternativa al encarcelamiento y puede usarse a lo largo de la progresión de la participación de un individuo en el sistema. El plan enfatiza el uso de las alternativas comunitarias menos restrictivas tan pronto como sea posible en el proceso de justicia penal, mientras responsabiliza a las personas por su comportamiento. Cuando se presenta como una condición especial de libertad condicional o libertad condicional, la PJP puede ayudar a estabilizar al individuo en la comunidad al reconocer, coordinar y monitorear los servicios de apoyo. El PJP aborda las necesidades de empleo, vivienda, salud mental, socialización y dominios críticos adicionales de la vida que pueden afectar la capacidad de vivir sin ofensas en la comunidad. Cuando es aceptado por el tribunal, un PJP es fundamental para abordar las necesidades del individuo, al tiempo que reconoce la culpabilidad del individuo por acciones criminales.

Debido a la naturaleza de sus discapacidades, las personas con IDD se encuentran con innumerables obstáculos y lagunas en el sistema de justicia. Los coordinadores de recursos comunitarios (CRC) asisten a las audiencias judiciales y reuniones relacionadas para garantizar que los delincuentes acusados o condenados con IDD reciban un trato justo y equitativo. El personal de CJAP brinda apoyo y capacitación para miembros y grupos dentro del estado para mejorar la comprensión de los IDD en general, pero específicamente con respecto a las características únicas de discapacidades específicas, incluido el trastorno del espectro autista, el síndrome de alcoholismo fetal, parálisis cerebral, lesión cerebral traumática, espina bífida, Síndrome de Down, discapacidad intelectual y muchos más. CJAP ofrece capacitación para las fuerzas del orden, el personal judicial, los profesionales de la comunidad, las familias, las escuelas y los funcionarios gubernamentales. Equal Justice Talks de CJAP es una serie de seminarios web mensuales que destaca los problemas cruciales que enfrentan las víctimas, los testigos y los acusados con IDD en un foro para el cambio.

CJAP participa en un proyecto financiado por una subvención de la Oficina de Asistencia Judicial y ejecutado por el Departamento Correccional de Nueva Jersey en colaboración con la Atención de salud conductual de la Universidad de Rutgers. El proyecto, el Programa de Capacitación de Respuesta Colaborativa a Crisis, se enfoca en la necesidad de un plan de estudios sostenible para abordar la respuesta de los oficiales a las crisis de salud conductual entre las personas con IDD y otros diagnósticos de salud mental. Los miembros del personal de CJAP también facilitarán la investigación y desarrollarán iniciativas relacionadas con la violencia sexual contra personas con IDD con una subvención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El trabajo con los legisladores estatales se ha centrado en mejorar la forma en que las personas con IDD son tratadas en el sistema judicial.

Barreras y desafíos

Las duras realidades de los sistemas fracturados y anticuados son particularmente problemáticas para las personas con IDD, quienes, como se mencionó antes, frecuentemente son diagnosticados con discapacidades o problemas médicos concurrentes. Estos individuos necesitan enfoques biopsicosociales, holísticos e integrados. Sin embargo, todavía se utilizan activamente prácticas tradicionales basadas en el modelo médico. Esto se convierte en un desafío, ya que los profesionales a menudo no se comunican ni proponen intervenciones unificadas. La naturaleza ya intrincada de los diagnósticos se magnifica con la capa adicional de participación de la justicia penal. Los sistemas estatales tienden a ver estas clasificaciones de diagnósticos dentro de entidades completamente separadas, una designada para IDD y la otra para enfermedad mental. Sin embargo, con la alta prevalencia de comorbilidades, la separación de los dos sistemas crea barreras para un tratamiento efectivo. Una vez que una persona con IDD es acusada o está en proceso de navegar por el sistema de justicia penal, la mayoría de los profesionales comunitarios y de servicios directos no están capacitados para abordar estos asuntos, lo que en última instancia conduce a resultados menos favorables para el cliente.

Las inconsistencias y la subjetividad en la aplicación de la tutela legal de un condado a otro se suman a la lista de preocupaciones, particularmente para los clientes y tutores de comunidades históricamente marginadas. Muchas veces, si un cliente tiene casos en varios tribunales por varios cargos, el papel del tutor legal varía. En un tribunal, se puede obligar al tutor legal a comparecer junto a la persona y solicitar su participación. Otro tribunal puede desestimar por completo el papel del tutor y hablará directamente con el individuo sin remitir o solicitar la opinión del tutor. Sin coherencia en la aplicación, se producen problemas y confusión en relación con la competencia del cliente, que se agrava cuando existen barreras idiomáticas u otras.

CJAP se dedica a identificar y proporcionar servicios específicamente adaptados a personas de comunidades marginadas y subrepresentadas. Nuestros esfuerzos de capacitación y defensa han obtenido el reconocimiento de varios programas, organizaciones de servicios sociales, el sistema de justicia y de familias e individuos con IDD. Sin embargo, nuestro programa reconoce la necesidad de un mayor cambio sistémico y organizacional en el sistema de justicia penal en general. Nuestro objetivo es coordinar, planificar y educar a aquellos en sectores influyentes de Nueva Jersey, y más ampliamente, de la nación, para abogar por el cambio a nivel legislativo y de políticas. Reconocemos las inmensas brechas y desigualdades que existen para las poblaciones marginadas con IDD, y nuestro objetivo es aprovechar las relaciones que hemos forjado con los funcionarios electos, las fuerzas del orden público y el sistema judicial para crear conciencia sobre estas desigualdades.